La indefensión por la inadmisión de la prueba pericial

La indefensión por la inadmisión de la prueba pericial

Se denegó la ratificación del informe del perito pero se admitió la prueba pericial | Jurisprudencia


 

En su Sentencia SAN 147/2024 de 17 de enero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional aborda un caso en el que la prueba pericial se dice denegada indebidamente en primera instancia.

La Sala, nos dice que dicha cuestión ha sido resuelta en auto de 11 de octubre de 2023, que desestima el recurso de reposición deducido contra la providencia de señalamiento para votación y fallo del recurso de apelación.

Sin reproducir toda su argumentación, recuerda que lo que se denegó en el acto de la vista fue la ratificación pericial del informe del perito de parte, pero se admitió la prueba pericial dado que en la sentencia se valora el informe pericial que se aporta con la demanda, junto con el resto de documentos aportados con la misma.

La prueba pericial admitida se tuvo por practicada mediante la aportación del dictamen acompañado a la demanda, por providencia de 27 de junio de 2022.
 

Así, hay que distinguir:
 

1) la ratificación del perito en virtud de la cual confirma de manera íntegra el dictamen que ha elaborado, de tal manera que se entiende que es el autor del informe y que está conforme con el contenido del mismo y sus conclusiones, ratificación que se lleva a cabo ante el Letrado de la Administración del Justicia ( artículo289 LEC). Como explica la sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2010, (recurso de casación. 3765/2006), la ratificación de la prueba es sólo una posibilidad en manos de las partes que no resulta de obligado cumplimiento, de tal forma que el dictamen presentado y, no ratificado, no debe ser excluido de debate y valoración probatoria.

Como en este caso, el Abogado del Estado no ha cuestionado su autenticidad, solo la titulación suficiente del perito médico, no era necesaria la ratificación.

2) la posibilidad de intervención del perito en la vista, conforme al artículo 347 LEC. En este caso, la solicitud no concretó el motivo o motivos por los cuales se hace precisa la intervención del perito, no se solicitó ninguna explicación complementaria, el Abogado del Estado no solicitó ninguna aclaración, y el juzgador no apreció la necesidad de requerir al perito explicaciones sobre el objeto del dictamen aportado.

Lo que se denegó en la instancia fue la intervención del perito designado por la parte, pues el Juez tiene libre discreción para acordar la presencia del perito, pudiendo denegar las solicitudes de intervención que, por su finalidad y contenido, hayan de estimarse impertinentes o inútiles, acorde al artículo 347 LEC.

3) la valoración de las pruebas: para la valoración por las partes está el trámite de conclusiones que se hizo en la vista, y la valoración de la prueba pericial por el juzgador de instancia se realizó en sentencia conforme a las reglas de la sana crítica ( artículo 348 LEC).

 

la indefensión por la inadmisión de la prueba pericial

La indefensión por la inadmisión de la prueba pericial

 

En el ámbito de la segunda instancia, en cuanto que la misma implica la revisión de la fundamentación fáctica y jurídica efectuada por un órgano jurisdiccional de la pretensión procesal deducida por una parte, en la valoración de la prueba practicada en el curso del proceso debe primar el criterio objetivo e imparcial del Juzgador de instancia, sobre el juicio hermenéutico, subjetivo y parcial, de la parte apelante, de modo que es necesario acreditar una equivocación clara y evidente en el juicio valorativo del órgano jurisdiccional para acoger este motivo de apelación, sin que sea suficiente una mera discordancia del juicio valorativo de la prueba practicada determinante de la decisión recurrida. (por todas, sentencias de 5 de octubre -apelación 54/00-,26 de octubre -apelación 72/00 de 2000, 15 de febrero -apelación 112/00- o 17 de mayo -apelación 51/01-de 2001).

Y ello aparece reforzado en base a que la precitada actividad de valoración de la prueba practicada en la primera instancia, viene avalada por el principio de inmediación a la presencia del propio juzgador sentenciador, que permite apreciar y valorar elementos, indicios y circunstancias que escapan a la mera lectura de la documentación procesal de la actividad probatoria.

Respecto a la valoración de la prueba por el juez de instancia , la Sección viene declarando en numerosas sentencias que el Juez a quo ha de valorar los medios de prueba, salvo las excepciones legalmente previstas -como la del artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para los documentos públicos-, «según las reglas dela sana crítica» – artículos 316.2 para el interrogatorio de las partes, 326, último párrafo, para los documentos privados, 334 para las copias reprográficas, 348 para la prueba pericial y 376 para la testifical, todos ellos dela Ley Enjuiciamiento Civil, citada-.

El artículo 348 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, dispone que «el Tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica», lo que no significa otra cosa, sino que las conclusiones de los peritos deben ser examinadas depurando sus razonamientos (STS de 1 de julio de 1988), ponderándose atendiendo a su fuerza convincente (SSTS de 2 de noviembre de 1989, 3 de octubre de 1990o 31 de mayo y 5 de junio de 1991, análoga de 30 de junio de 1994).

Por eso, la Sección respeta la valoración efectuada por el Juez Central siempre que no sea manifiestamente ilógica, irracional, arbitraria o absurda, o cuando conculque principios generales del Derecho ( sentencias del Tribunal Supremo de 22 de septiembre, de 6 de octubre y de 19 de noviembre de 1999, de 22 de enero o de 5de febrero de 2000), sin que esté permitido sustituir la lógica o la sana crítica del Juzgador por la de la parte ( sentencias del mismo Tribunal Supremo de 30 de enero, de 27 de marzo, de 17 de mayo, de 19 de junio y de18 de octubre de 1999, de 22 de enero y de 5 de mayo de 2000, entre otras).

En este caso, la sentencia si bien hace referencia al reproche del Abogado del Estado sobre la titulación del perito de parte, que exige el artículo 340.1 LEC, hace una valoración conjunta de la prueba, tanto el acta médico pericial oficial como el resto de documentación obrante en autos, en cuanto a las circunstancias de acto de servicio como suceso puntual e instantáneo de índole accidental y traumática que descarta, por el carácter endógeno del padecimiento del soldado « y por ello no puede atribuirse a circunstancias del servicio, sino que más bien esas circunstancias ordinarias del servicio fueron la ocasión de que se manifestara al exterior la patología endógena que aquejaba al militar.»

En modo alguno se ha negado la práctica de la prueba pericial, ni la sentencia yerra al considerar al perito carente de cualificación (titulación), y considerar que los integrantes de la JMPO, son todos, o al menos alguno de ellos, traumatólogos.

Pretende el apelante comparar dos realidades distintas, el ejercicio de la profesión sanitaria titulada tanto en los servicios sanitarios públicos como en el ámbito de la sanidad privada, con las funciones atribuidas a las Juntas Médico Periciales de la Sanidad Militar en los procedimientos para la tramitación de los expedientes por insuficiencia de condiciones psicofísicas, a que se refiere el artículo 120 de la Ley 39/2007, de la carrera militar, regulado en el Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas.

Se definen los órganos médico-periciales de la sanidad militar como órganos colegiados técnicos facultativos de apoyo médico pericial a las autoridades del Ministerio de Defensa y de la Guardia Civil, para la evaluación delas posibles insuficiencias de condiciones psicofísicas para el servicio. Como tales órganos médicos periciales específicos, tienen su regulación específica en cuando a su composición y funciones, sin que exista ningún precepto legal que exija una determinada especialización de sus componentes, salvo en la Junta Médico Pericial Psiquiátrica. No debe confundirse con el ejercicio de la profesión médica en centros acreditados de la Red Sanitaria Militar, en que hay plazas específicas de especialistas médicos, y desde luego, no es una pericia procesal en los términos de los artículos 335 y siguientes de la LEC.

Debe aclararse, que esta Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional considera reiteradamente que los dictámenes de las Juntas Médico Periciales son manifestación de la llamada «discrecionalidad técnica» de los órganos de la Administración, en cuanto promueven y aplican criterios resultantes de los concretos conocimientos especializados, requeridos por la naturaleza de la actividad desplegada por el órgano administrativo. Como tal, gozan de la presunción iuris tantum de certeza o de razonabilidad de la actuación administrativa, apoyada en la especialización y la imparcialidad de los órganos establecidos para realizar la calificación, si bien, siempre cabe desvirtuarla « si se acredita la infracción o el desconocimiento del proceder razonable que se presume en el órgano calificador, bien por desviación de poder, arbitrariedad o ausencia de toda posible justificación del criterio adoptado», entre otros motivos, por fundarse en patente error, debidamente acreditado por la parte que lo alega» (STC 353/1993 , 34/1995, 73/1998 y 86/2004).

Nada impide la concurrencia en un proceso de diversos informes periciales, todos ellos perfectamente válidos, que serán valorados por el órgano judicial conforme a las reglas de la sana crítica ( artículo 348 LEC), que es lo que se ha valorado por el juzgador, conforme a la potestad jurisdiccional exclusiva que le compete ( artículo117.3 CE), descartando la virtualidad de que el informe pericial de parte aportado destruya tal presunción de certeza en cuanto a la etiología de las patologías traumáticas diagnosticadas por la Junta Médico Pericial Ordinaria…«DESCARGAR SENTENCIA COMPLETA»
 


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