Prueba pericial y los principios de contradicción e inmediación

Prueba pericial y los principios de contradicción e inmediación

como derivación del derecho de defensa | Jurisprudencia


 

En su Sentencia SAP 576/2023 de 19 de diciembre, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid nos dice sobre el quebrantamiento de forma causante de indefensión e infracción del artículo 724 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que la valoración de la prueba pericial en general exige el respeto al principio de contradicción y al de inmediación como derivación del derecho de defensa. El art. 724 LECrim dispone en relación con la práctica de la prueba pericial en el juicio oral que los peritos “contestarán a las preguntas y repreguntas que las partes les dirijan”. La prueba pericial debe, pues, con carácter general, ser valorada por el Tribunal sentenciador previa percepción directa. Han de distinguirse en la producción de la prueba pericial dos momentos:
 

1) el análisis en sí, que necesariamente ha de practicarse en una fase previa al juicio (fase analítica)

 

2) la emisión del dictamen que puede -y debe- realizarse o reiterarse durante el juicio oral. La prueba pericial es, por tanto, una prueba que ha de realizarse en el acto del juicio oral, pues constituye una prueba personal y no documental, que debe ser valorada por el Tribunal sentenciador previa percepción directa, con las ventajas y garantías que proporciona la inmediación. Valoración que exige asimismo que sea sometida a la oportuna contradicción que es lo que garantiza el ejercicio del derecho de defensa.

 

No obstante, lo anterior, conforme a la Teoría General de la Prueba se acepta generalmente que los hechos implícitamente admitidos o no controvertidos por las partes acusadas pueden considerarse como exentos de prueba. El art. 11.1 LOPJ impone el respeto a las reglas de la buena fe a todos los intervinientes en el proceso. Si las defensas no discuten el dictamen pericial documentado procedente de órgano o departamentos especiales del Ministerio de Sanidad y Consumo, en atención a las garantías técnicas y a la imparcialidad que los respectivos centros y laboratorios oficiales ofrecen, pueden admitirse como pruebas válidas, aunque no fueran ratificados en el juicio oral.

Esta interpretación no cuestiona en absoluto la doctrina general atinente a que la prueba hábil para desvirtuar la presunción de inocencia debe practicarse en el acto del juicio oral ni tampoco pretende, pues no podría hacerlo respetando la Constitución, invertir la carga probatoria sobre los hechos integradores de una infracción penal, sino únicamente aclara que los hechos que deben ser objeto de prueba son los controvertidos y sí sobre una determinada cuestión técnica existe un dictamen en las actuaciones, emitido por Organismos Oficiales fiables,que no es cuestionado por la defensa, la acusación puede legítimamente prescindir de llevar al juicio oral a los técnicos informantes, en evitación de los problemas prácticos que la reiteración de tales comparecencias conllevaría, sin que la defensa que no cuestionó el resultado de la pericia pueda en casación negar con éxito su valor probatorio, precisamente porque aceptó expresa o tácitamente su resultado ( STS 956/2000, de 5 junio). La falta de impugnación por la defensa hace que no sea necesaria la ratificación en el juicio oral por parte delos autores de los informes, conforme a las reglas de la buena fe procesal.

La acusación tiene la carga de aportar la prueba, ésta ha de ser realizada contradictoriamente y en buenos principios no pertenece al acusado ninguna carga procesal, pero en atención a las garantías que ofrecen estos peritajes se les concede provisoriamente eficacia probatoria, sin perjuicio del derecho del acusado para impugnar su imparcialidad. ( STS 764/1999)
 

prueba pericial y los principios de contradicción e inmediación

Prueba pericial y los principios de contradicción e inmediación

 

En el presente caso se alega por la defensa del acusado que el informe médico forense no fue ratificado en juicio, pese a que lo había impugnado en su escrito de defensa, pero lo cierto es que se trata de una impugnación meramente formal sin concreción alguna acerca de cuáles eran las deficiencias técnicas en que pudiera haber incurrido la pericia, impugnación que no apoya en prueba científica alguna, basándose en su apreciación personal. Impugna el informe porque el médico forense emitió su informe sin reconocer a los lesionados, pero lo cierto es que estos informes se basaron en los emitidos por el SAMUR, folio 22 y 23de las actuaciones en el que se recogen las lesiones que padecieron los agentes, informes que gozan de imparcialidad, señalando el Médico forense en los folios 30 y 31, en relación al Policía Nacional con carne profesional nº NUM005 , que las lesiones que sufrió fueron lesiones de carácter leve que requirieron tan sólo la primera asistencia facultativa, alcanzando la curación en un plazo de seis días, y en relación al funcionario con carne profesional n.º NUM003 , el médico forense igualmente establecido que la documentación asistencial indica lesiones de carácter leve, que requirieron para su curación tan solo una primera asistencia facultativa, para alcanzar su sanidad y la curación se alcanza en un plazo de ocho días, gozando igualmente el médico forense de imparcialidad, sin que se haya impugnado fundadamente el resultado de la pericia.

También conviene recordar la doctrina del Tribunal Constitucional, recogida en la STC 25/2011, en relación a la prueba pericial sobre la sustancia intervenida, en un delito contra la salud pública, aplicable al presente supuesto, señalando dicha resolución ” El siguiente motivo de amparo formulado en la demanda se basa en la vulneración del derecho de defensa ( art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978) ), y denuncia que no resultó posible contradecir el contenido de la prueba pericial analítica sobre la sustancia intervenida, dado que los peritos no fueron citados a juicio pese a que dicha prueba fue impugnada por las defensas de las recurrentes. Como recuerda la STC 62/2009, de 9 de marzo , “la indefensión es una noción material que se caracteriza por suponer una privación o minoración sustancial del derecho de defensa; un menoscabo sensible de los principios de contradicción y de igualdad de las partes que impide o dificulta gravemente a una de ellas la posibilidad de alegar y acreditar en el proceso su propio derecho, o de replicar dialécticamente la posición contraria en igualdad de condiciones con las demás partes procesales. Por otro lado, para que la indefensión alcance la dimensión constitucional que le atribuye el art. 24 CE (LA LEY 2500/1978), se requiere que los órganos judiciales hayan impedido u obstaculizado en el proceso el derecho de las partes a ejercitar su facultad de alegar y justificar sus pretensiones, esto es, que la indefensión sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional (SSTC 109/1985 (LA LEY 475-TC/1986), de 8 de octubre, FJ 3; 116/1995, de 17 de julio (LA LEY 13107/1995), FJ 3;107/1999, de 14 de junio (LA LEY 8900/1999), FJ 5; 114/2000 (LA LEY 8947/2000), de 5 de mayo, FJ 2; 237/2001,de 18 de diciembre (LA LEY 228016/2001), FJ 5, entre otras muchas)” (STC 62/2009 (LA LEY 7046/2009), FJ 4).Por ello, tal como hemos venido reiterando, el contenido de la indefensión con relevancia constitucional queda circunscrito a los casos en que la misma sea imputable a actos u omisiones de los órganos judiciales y que tenga su origen inmediato y directo en tales actos u omisiones; esto es, que sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional, estando excluida del ámbito protector del art. 24 CE (LA LEY 2500/1978) la indefensión debida a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de la parte o de los profesionales que la representen o defiendan (por todas, SSTC 109/2002 (LA LEY 4898/2002), de 6 de mayo, FJ 2; 141/2005 (LA LEY13265/2005), de 6 de junio, FJ 2; o 160/2009, de 29 de junio (LA LEY 119834/2009)). Asimismo, “para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional, que sitúe al interesado al margen de toda posibilidad de alegar y defender en el proceso sus derechos, no basta con una vulneración meramente formal, sino que es necesario que de esa infracción formal se derive un efecto material de indefensión, con real menoscabo del derecho de defensa y con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado” ( SSTC185/2003, de 27 de octubre (LA LEY 10385/2004), FJ 4, y 164/2005 (LA LEY 1681/2005), de 20 de junio, FJ 2)…«DESCARGAR SENTENCIA COMPLETA»
 


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